Territorio apremia a más de 1.200 propietarios de la Serra d’Espadà a que ejecuten la red de cortafuegos

La Conselleria de Territorio ha instado a más de 1.200 propietarios de terrenos de la Serra d’Espadà declarados como zona de actuación urgente (ZAU) a que ejecuten los trabajos de áreas cortafuegos para la defensa de los montes ante el riesgo de incendios forestales.

El decreto 104/2004 del Consell por el que se aprobó la ZAU de Espadà establecía que “la ejecución de los trabajos de áreas cortafuegos será realizada por la administración forestal previa firma de los correspondientes convenios con los propietarios o sus titulares”.

Sin embargo, 35 meses después de la aprobación de la ZAU y a punto de expirar el plazo de tres años para ejecutar las actuaciones, la Conselleria ha detectado “una serie de propietarios que no se han acogido hasta la fecha a la fórmula del convenio”, según tres resoluciones publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) los días 11 y 12 de abril.

En total, 1.289 propietarios de terrenos pertenecientes a 26 municipios del parque natural de la Serra d’Espadà y su área de influencia a los que se les recuerda que “deberán acreditar en un plazo de seis meses” desde la notificación de la resolución “la correcta realización de los trabajos”.

Una vez transcurrido el plazo, y en el caso de que las actuaciones no se hubieran culminado, “se procederá a la ejecución subsidiaria por parte de la administración forestal a costa del obligado, así como a la ocupación temporal de los terrenos afectados”.

Los terrenos sujetos a estas resoluciones corresponden a los términos municipales de Aín, Almedíjar, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Azuébar, Eslida, Vall de Almonacid, Chóvar, Castellnovo, Segorbe, Navajas, Caudiel, Cirat, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Higueras, Montán, Pavías, Torralba del Pinar, Alcudia de Veo, Artana, Matet, Nules, la Vall d’Uixó, Villamalur y la Vilavella.

La declaración de los montes de la Serra d’Espadà como zona de actuación urgente obligaba a ejecutar la red de áreas cortafuegos “en un plazo no superior a los tres años” a partir de la publicación del decreto, que apareció en el Diari Oficial del 1 de julio de 2004.

Críticas a la ZAU

Entre los propietarios a los que Territorio apremia a que acrediten la ejecución de la red de caminos cortafuegos se incluye la Fundació de la Serra d’Espadà, vinculada a la Societat d’Amics de la Serra d’Espadà (SASE), una de las asociaciones que más ha protestado por la ejecución de este proyecto de pistas para luchar contra los incendios forestales.

La SASE denuncia que el proyecto “de construir enormes cortafuegos” ha sido elaborado “de espaldas a los interesados: ayuntamientos, propietarios y organizaciones conservacionistas”.

El colectivo advierte de que la red cortafuegos provocará “una erosión irreparable” y denuncian además que “no se especifica el tratamiento que se debe dar a las especies emblemáticas de la Serra”.

Y, por último, subrayan que “el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Espadà ya especifica que debe de haber un plan de prevención de incendios, el cual no se ha desarrollado”, pese a que el citado documento se aprobó en julio de 1997.

El ámbito territorial de actuación de la ZAU afecta a una superficie de 32.909 hectáreas repartidas en 32 municipios de la provincia de Castellón. El objetivo de la declaración de los montes de Espadà como zona de actuación urgente es “dotarla de una red de infraestructuras de prevención de incendios y de manera especial áreas cortafuegos, diseñada y estructurada de tal forma que, minimizando impactos ambientales negativos, consiga garantizar en su conjunto las masas forestales ante el riesgo de incendios”. El presupuesto ascendía 1,8 millones de euros.

Fuente: Las Provincias