Alertan de la llegada de rumanas a Castellón para dar a luz y ofrecer sus hijos en adopción

El desconocimiento, la desesperación, el efecto llamada y la combinación de informaciones falsas y falta de recursos han provocado la masiva llegada de mujeres a Castellón procedentes de Rumanía y a punto de dar a luz.

La voz de alarma la ha hecho pública la presidenta de la Asociación de Países del Este, Angela Placsintar, quien ha advertido que en el último año ha intervenido en 5 casos de mujeres rumanas desamparadas en el Hospital General de Castellón, pero que los trabajadores sociales aseguran que son muchos más los casos. Vienen convencidas de que si dan a luz en España, pueden dar sus hijos en adopción, para garantizar a los niños posibilidades que nunca ellas podrían darles en su país de origen.

El argumento no sólo es falso, sino que la Ley de Adopción rumana de 7 de julio de 2006, y apoyada por el acuerdo entre España y Rumanía de 15 de diciembre de 2005, para la cooperación en la protección de los menores, imposibilita la adopción de niños de nacionalidad rumana, no sólo en España, sino también en el resto de países intra y extracomunitarios.
El marco legal, que tuvo una moratoria de aplicación de 3 años, responde a la pretensión del Gobierno rumano de proteger a los niños de posibles irregularidades en la adopción y del tráfico de menores.

En centros de acogida

Angela Placsintar asegura que en 2003 Rumanía distribuyó en adopción en diversos países extranjeros, 400 menores, de los que pasado uno año del trámite solo pudo hacer seguimiento de 200, «el resto estaba deslocalizado, ni se sabía de su domicilio ni de su situación, ni de la familia de adopción», explica la representante del colectivo en Castellón. La Ley es una garantía del Gobierno rumano, que ante la imposibilidad de controlar los mecanismos de adopción, prohíbe esta practica, con lo cual evita por este canal el envejecimiento de su población.

Pero el desconocimiento de la Ley, los rumores y la imagen de que España es un paraíso para los rumanos sigue en vigor en círculos de Rumanía donde la pobreza es más devastadora.

Las historias de mujeres, algunas menores, tienen un trágico desenlace porque los niños de mujeres extranjeras nacidos en España, no son españoles, lo pueden ser cuando cumplan 18 años y tras demostrar que viven en España al menos 6 años.

La Ley es tajante porque a pesar de la renuncia de la madre rumana, el recién nacido pasa a un centro de acogida de menores español, en todo caso a una familia de acogida y más tarde es devuelto a Rumanía, siempre en avión y acompañado por un tutor español, para ser entregado a un centro de acogida de Rumanía. El viaje del menor lo costea el Gobierno español que en algunos casos envía un agente de policía para garantizar la protección del menor. La Ley es tan estricta en este sentido que tampoco permite la adopción de niños de los centros de acogida rumanos por familias rumanas que viven en el extranjero.

En los últimos cinco años se ha incrementado el porcentaje de menores de nacionalidad rumana que entran en centros de acogida de la Comunidad. Estos menores, pasan más de una año con familias de acogida y una vez terminado el trámite legal para su repatriación, vuelven a Rumanía.

Por eso, la Generalitat y la Asociación de Países del Este de Castellón, trabajan en un proyecto conjunto para encontrar familias de acogida rumanas «con el fin de que los niños puedan desarrollar su primer año de vida con costumbres y lengua rumanas, para una mayor integración en su país de origen». El proyecto pretende dar respuesta a esta población que, aunque la ley se refiere a un procedimiento de repatriación que culmina en tres meses, la realidad se suele alargar a más de un año.

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