Garzón abre una causa general para resarcir a las víctimas de Franco

El juez acusa a las juntas militares y a Falange de dirigir un plan para acabar con sus adversarios.La cifra de los desaparecidos durante la dictadura en la provincia de Castellón asciende a 1.303.

Acabar con la impunidad. El juez Baltasar Garzón decidió ayer abrir un proceso a la dictadura de Franco para que los vencidos de la guerra civil obtengan los mismos derechos que los vencedores. Por ello, ordenó la exhumación de las fosas donde fueron enterrados más de 100.000 desaparecidos, que en la provincia de Castellón ascienden a 1.303, y abrió la vía a sus familias para que reclamen el resarcimiento patrimonial y civil que les corresponda. La fiscalía recurrirá la decisión ante la sala penal de la Audiencia Nacional.

El juez admite que es la primera vez que la justicia española investiga estos hechos. Por ello, dice que "hasta el día de la fecha" la impunidad "ha sido la regla frente a unos acontecimientos" que revisten la calificación de delitos permanentes de detención ilegal (desaparición forzosa) en el contexto de crímenes contra la humanidad.

No obstante, rechaza que su decisión implique una "revisión en sede judicial" de la guerra civil. Su intención, afirma, es "más moderada" y se limita a corregir el desamparo de las víctimas y a otorgarles los derechos "a la verdad, debido proceso, reparación y garantías de no repetición".


MOTIVOS Para el juez, "un examen imparcial y sereno de los hechos" le lleva a afirmar que los vencedores de la guerra civil "aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado" para localizar y reparar a las víctimas de los republicanos. Sin embargo, "no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado". Por ello, abre este proceso porque Franco y sus seguidores protagonizaron un alzamiento que "estuvo fuera de toda legalidad" y atentaron contra el Gobierno "de forma coordinada y consciente, determinados a acabar con la República" para dar paso a "un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico de su ejecución".

Este plan consistió en la detención y eliminación física de personas "que ostentaban responsabilidades en los altos organismos de la nación" para después detener, torturar, hacer desaparecer y eliminar "a miles de personas" por motivos políticos e ideológicos. El sistema de desaparición forzada --afirma el juez-- fue utilizado "sistemáticamente en aras a imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier acción de la justicia hasta el día de la fecha". Además, provocó el exilio de miles de personas.

Garzón encuadra estas actividades desde julio de 1936 hasta 1952 y acusa a las sucesivas juntas militares de ejecutar este plan. También sostiene que el programa contó con la ayuda de las estructuras paramilitares de la Falange. Por ello, imputa a estos militares y a los dirigentes de Falange entre el 17 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1951. Sin embargo, ya advierte de que su intención es un brindis al sol porque los autores han fallecido.

Así pues, reclama los certificados de defunción de Francisco Franco y de otros 34 mandos militares para justificar un previsible archivo del proceso por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento. De todos modos, ya advierte de que, en el caso de que alguno de los verdugos siga vivo, la investigación la llevará la Audiencia.


PRECEDENTES El juez, que abrió la vía para acabar con la impunidad de las dictaduras de Chile y Argentina, recurre a la doctrina sentada en estos casos para apuntalar su decisión. Define un crimen contra la humanidad como el que se comete "en la forma más brutal" contra las personas. Y sostiene que "ningún Gobierno puede desconocer estos valores ... si no se quiere dar cobertura a la barbarie". Además, rechaza que se pueda aplicar la ley de amnistía de 1977, porque "el derecho no admite normas de perdón u olvido cuando se trata de crímenes contra la humanidad".

En la práctica, serán los jueces territoriales los que controlarán, por indicación de Garzón, la exhumación de los desaparecidos; los del ámbito civil resolverán las consecuencias patrimoniales y los militares revisarán los juicios de los consejos de guerra. Fuentes jurídicas descartan un gran revuelo, ya que lo más probable es que Garzón archive el caso por falta de autor.

La fiscalía anunció que en los próximos días recurrirá la decisión del juez. El fiscal jefe, Javier Zaragoza, redacta el escrito que presentará ante el pleno de la sala penal de la Audiencia Nacional. En el caso de que no le den la razón, acudirá al Supremo. El ministerio público mantiene que no se puede investigar penalmente al franquismo y defiende la ley de memoria histórica como la mejor vía para resarcir a las víctimas.

Fuente: "Periódico Mediterráneo"