Boicoteo gubernamental a la provincia de Castellón, lo denuncia el diputado de Cortes Generales, Miguel Barrachina
Título del artículo: "Castellón en el Olvido"
Se acaban de conocer los presupuestos del Estado que dejan a Castellón en el lugar número 47 de las provincias de España en inversión por habitante.
No está mal, hemos ganado tres puestos, en el ejercicio presente somos la última provincia, y el presupuesto no se ha ejecutado, ni el AVE, ni la comisarías, ni los cuarteles, ni el desdoblamiento de la N-340 han sido ejecutados a pesar de formar parte de la ley de presupuestos.
Pero tan grave como el abandono presupuestario, y la superposición de incumplimientos, son las acciones diarias de verdadero boicoteo gubernamental al normal desarrollo de nuestra provincia.
Y valgan como ejemplo dos recientes, una la negativa ministerial a crear el partido Judicial de Albocasser y otro la acción de la Confederación Hidrográfica del Júcar limitando el crecimiento de nuestros pueblos.
Ayer el Delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, afirmó sin rubor que habría partido judicial en Albocasser si “las necesidades así lo requerían”.
No hay que ser un lince para saber que si el actual Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castellón se justifica con una carga de trabajo de más 3.500 diligencias practicadas y la apertura del centro penitenciario de Albocasser producirá 9.000 –la cárcel de Villena con el mismo número de celdas lleva años superando esta cifra- es indispensable un nuevo juzgado.
Pues nada, que no, las diligencias se realizarán en Castellón a 56 kilómetros mayoritariamente por carreteras comarcales, y Albocasser será el centro penitenciario más alejado de su Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de España.
Tanto, como alejado de los intereses provinciales se encuentra la obstruccionista acción de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que de manera ordinaria se opone a los desarrollos urbanos de cualquier municipio castellonense, llevando su bloqueo hasta la vía judicial.
Son los efectos colaterales de la paralización del trasvase del Ebro, ni el municipio más remoto, ni con el agua más abundante lo logra la más modesta autorización aunque sea para con el solo objeto de mantener su población.
Y mientras esto hace la CHJ consiente que los cauces y barrancos lleguen a presentar un taponamiento casi absoluto por la falta de limpieza.
Miguel Barrachina Ros
Comisión de Presupuestos del
Congreso de los Diputados
No está mal, hemos ganado tres puestos, en el ejercicio presente somos la última provincia, y el presupuesto no se ha ejecutado, ni el AVE, ni la comisarías, ni los cuarteles, ni el desdoblamiento de la N-340 han sido ejecutados a pesar de formar parte de la ley de presupuestos.
Pero tan grave como el abandono presupuestario, y la superposición de incumplimientos, son las acciones diarias de verdadero boicoteo gubernamental al normal desarrollo de nuestra provincia.
Y valgan como ejemplo dos recientes, una la negativa ministerial a crear el partido Judicial de Albocasser y otro la acción de la Confederación Hidrográfica del Júcar limitando el crecimiento de nuestros pueblos.
Ayer el Delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, afirmó sin rubor que habría partido judicial en Albocasser si “las necesidades así lo requerían”.
No hay que ser un lince para saber que si el actual Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castellón se justifica con una carga de trabajo de más 3.500 diligencias practicadas y la apertura del centro penitenciario de Albocasser producirá 9.000 –la cárcel de Villena con el mismo número de celdas lleva años superando esta cifra- es indispensable un nuevo juzgado.
Pues nada, que no, las diligencias se realizarán en Castellón a 56 kilómetros mayoritariamente por carreteras comarcales, y Albocasser será el centro penitenciario más alejado de su Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de España.
Tanto, como alejado de los intereses provinciales se encuentra la obstruccionista acción de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que de manera ordinaria se opone a los desarrollos urbanos de cualquier municipio castellonense, llevando su bloqueo hasta la vía judicial.
Son los efectos colaterales de la paralización del trasvase del Ebro, ni el municipio más remoto, ni con el agua más abundante lo logra la más modesta autorización aunque sea para con el solo objeto de mantener su población.
Y mientras esto hace la CHJ consiente que los cauces y barrancos lleguen a presentar un taponamiento casi absoluto por la falta de limpieza.
Miguel Barrachina Ros
Comisión de Presupuestos del
Congreso de los Diputados
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