Una veraneante catalana consigue llevar como imputados a Rafael Calvo y al aquitecto municipal por un presunto mal entendido urbanístico
Titular de Levante de Castellón:
Calvo declarará como imputado por una presunta prevaricación urbanística
El Ayuntamiento de Segorbe concedió una licencia de obras en la partida Agustina
El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, acudirá el próximo lunes 17 de septiembre a declarar como imputado por la querella presentada por Purificación Montserrat por presunta «prevaricación urbanística» contra la comisión de gobierno del consistorio, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la capital del Alto Palancia. El ayuntamiento segorbino legalizó una actuación urbanística en la Partida de Agustina, construida al amparo de una licencia de obra concedida el 21 de noviembre de 1995. La licencia estaba condicionada por la comisión de gobierno a la «retirada de tres metros de linderos y cinco metros de línea de fachada» .
Levante de Castelló ha tenido acceso al expediente en el que se desprende que la edificación es una vivienda unifamiliar, que no se ajusta a las obras autorizadas mediante licencia otorgada por la comisión de gobierno, lo que constituye «infracción urbanística, esencialmente, en cuanto el uso de lo edificado no se corresponde con el autorizado en aquella licencia» , por lo tanto, la conselleria considera que se debe deslindar las propiedades para determinar si cumple o no con la distancia.
No obstante, el 27 de febrero de 1997, en una carta enviada por el alcalde a la persona afectada, Purificación Montserrat, se desprende que el ayuntamiento «no es competente para dirimir sobre las cuestiones de deslinde entre particulares» y «deberá dirigirse a la jurisdicción civil para su resolución».
Tras pedir información la Generalitat, el arquitecto municipal remite el expediente de legalización de una vivienda unifamiliar aislada. En este informe apunta que el deslinde es de 3,23 metros, aunque fuentes consultadas por este rotativo afirman que es de 2,20. En diciembre de 2002, la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes remite al edil segorbino que «en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación legal».
Mientras tanto la vecina afectada solicitó información sobre la construcción de la vivienda colindante. En diciembre de 2003, tras personarse en el lugar de los hechos el arquitecto municipal, José Romero, que también ha sido citado como imputado, certifica que «esta medida es por tanto, inferior a los 3 metros que fija la normativa del PGOU de Segorbe» y hace constar que «la licencia de obras concedida por la comisión de gobierno a fecha 21 de noviembre de 1995, condicionó la edificación a la retirada de 3 metros de linderos. Por lo que no se ajustaría la edificación a las condiciones señaladas en esa licencia de obras» .
Por otro lado, el alcalde remite al Síndic de Greuges una carta en la que admite que «en la licencia de obras concedida por la comisión de gobierno de fecha 21 de noviembre de 1995, no se ajustan a la misma al no haber respetado la distancia de 3 metros lineales a terceros. No obstante, dado el tiempo transcurrido este ayuntamiento no va a adoptar nuevas medidas de restauración de la legalidad urbanística al encontrarse las actuaciones prescritas».
Por último, el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha rehusado hacer cualquier tipo de declaraciones al respecto.
Calvo declarará como imputado por una presunta prevaricación urbanística
El Ayuntamiento de Segorbe concedió una licencia de obras en la partida Agustina
El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, acudirá el próximo lunes 17 de septiembre a declarar como imputado por la querella presentada por Purificación Montserrat por presunta «prevaricación urbanística» contra la comisión de gobierno del consistorio, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la capital del Alto Palancia. El ayuntamiento segorbino legalizó una actuación urbanística en la Partida de Agustina, construida al amparo de una licencia de obra concedida el 21 de noviembre de 1995. La licencia estaba condicionada por la comisión de gobierno a la «retirada de tres metros de linderos y cinco metros de línea de fachada» .
Levante de Castelló ha tenido acceso al expediente en el que se desprende que la edificación es una vivienda unifamiliar, que no se ajusta a las obras autorizadas mediante licencia otorgada por la comisión de gobierno, lo que constituye «infracción urbanística, esencialmente, en cuanto el uso de lo edificado no se corresponde con el autorizado en aquella licencia» , por lo tanto, la conselleria considera que se debe deslindar las propiedades para determinar si cumple o no con la distancia.
No obstante, el 27 de febrero de 1997, en una carta enviada por el alcalde a la persona afectada, Purificación Montserrat, se desprende que el ayuntamiento «no es competente para dirimir sobre las cuestiones de deslinde entre particulares» y «deberá dirigirse a la jurisdicción civil para su resolución».
Tras pedir información la Generalitat, el arquitecto municipal remite el expediente de legalización de una vivienda unifamiliar aislada. En este informe apunta que el deslinde es de 3,23 metros, aunque fuentes consultadas por este rotativo afirman que es de 2,20. En diciembre de 2002, la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes remite al edil segorbino que «en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación legal».
Mientras tanto la vecina afectada solicitó información sobre la construcción de la vivienda colindante. En diciembre de 2003, tras personarse en el lugar de los hechos el arquitecto municipal, José Romero, que también ha sido citado como imputado, certifica que «esta medida es por tanto, inferior a los 3 metros que fija la normativa del PGOU de Segorbe» y hace constar que «la licencia de obras concedida por la comisión de gobierno a fecha 21 de noviembre de 1995, condicionó la edificación a la retirada de 3 metros de linderos. Por lo que no se ajustaría la edificación a las condiciones señaladas en esa licencia de obras» .
Por otro lado, el alcalde remite al Síndic de Greuges una carta en la que admite que «en la licencia de obras concedida por la comisión de gobierno de fecha 21 de noviembre de 1995, no se ajustan a la misma al no haber respetado la distancia de 3 metros lineales a terceros. No obstante, dado el tiempo transcurrido este ayuntamiento no va a adoptar nuevas medidas de restauración de la legalidad urbanística al encontrarse las actuaciones prescritas».
Por último, el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha rehusado hacer cualquier tipo de declaraciones al respecto.
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