Editorial de La Gaceta: "Correos de transmisión"
No se froten los ojos. La escena (unos sindicatos utilizando los emails de funcionarios municipales para presionar al Poder Judicial), no se produce en un país bananero, sino en España.
No se froten los ojos. La escena (unos sindicatos utilizando los emails de funcionarios municipales para presionar al Poder Judicial), no se produce en un país bananero, sino en España. UGT y CC OO han convertido los correos electrónicos de 12.000 funcionarios del consistorio madrileño en plataforma de agitación para apoyar al juez Garzón en la manifestación de mañana. Ya utilizaron la Complutense y ahora recurren a los correos del ayuntamiento, para defender al magistrado procesado por prevaricación de una caza de brujas que sólo existe en su imaginación.
Según Manos Limpias se trata de un acto de rebelión contra decisiones del Supremo y vulnera la normativa legal, ya que al usar los emails, UGT y CC OO están utilizando medios públicos para fines ajenos a la actividad sindical. En realidad, las dos grandes centrales no se han dedicado a otra cosa últimamente: a fines ajenos a su actividad sindical. ¿Alguien ha visto a UGT y CC OO hacer algo mientras se destruía empleo (a razón de 2.800 puestos diarios durante los últimos tres años)? ¿Han movido un músculo por los 4,6 millones de españoles que están mano sobre mano, el 20% de la población activa? ¿Han salido a la calle al ver pisoteado el primero de los derechos del trabajador? Exhibir como argumento el folclórico picnic en tren del pasado diciembre suena a chiste.
UGT y CC OO han eludido sus responsabilidades ante la dramática situación de los parados de 2010 para irse por los cerros de Úbeda de 1936 y del guerracivilismo. La excursión no pasaría de una extravagancia más de quienes demuestran no haber metabolizado la Transición democrática, si no fuera por la labor de zapa que supone contra la independencia del poder judicial. Y, más grave aún, con dinero público (en este caso, abusando de los contribuyentes madrileños). Eso –usar medios públicos para fines privados– tiene un nombre: corrupción. Y además vulnera la ley de protección de datos.
Convertidos en acólitos gracias al generoso maná que reciben (el presupuesto del Ministerio de Trabajo para actuaciones sindicales supera los 15,8 millones de euros anuales); los sindicatos han devenido en los nuevos señoritos. Mientras los liberados sindicales (57.000, con un coste de 1.600 millones de euros anuales) disfrutan de empleo estable y además blindado, 4,5 millones de españoles están al borde de la desesperación y otro medio millón más ve su trabajo amenazado. ¿Quiénes son los verdaderos oprimidos?
Reciclados en auxiliares del Gobierno, actúan como correa de transmisión del zapaterismo, llevándose por delante lo poco que queda de la división de Montesquieu: “Exigimos al Tribunal Supremo que termine de manera inmediata la persecución injusta contra Garzón”, llegan a decir en los correos. UGT y CC OO devuelven así los favores de quien les mantiene. En el bombardeo mediático contra la democracia y sus instituciones, orquestado (no se olvide) por el Gobierno, les ha tocado el papel de agitadores sociales, reivindicando a Garzón como una víctima del franquismo, tratando de convertir las tres querellas contra el juez en una causa inquisitorial. Ésa es la maniobra. Nada que ver con la realidad: el juez está imputado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra las garantías de la intimidad. Es decir, por vulnerar la ley. Pero, visto lo visto en la cruzada pro-Garzón, ¿a quién le importa la ley?
No se froten los ojos. La escena (unos sindicatos utilizando los emails de funcionarios municipales para presionar al Poder Judicial), no se produce en un país bananero, sino en España. UGT y CC OO han convertido los correos electrónicos de 12.000 funcionarios del consistorio madrileño en plataforma de agitación para apoyar al juez Garzón en la manifestación de mañana. Ya utilizaron la Complutense y ahora recurren a los correos del ayuntamiento, para defender al magistrado procesado por prevaricación de una caza de brujas que sólo existe en su imaginación.
Según Manos Limpias se trata de un acto de rebelión contra decisiones del Supremo y vulnera la normativa legal, ya que al usar los emails, UGT y CC OO están utilizando medios públicos para fines ajenos a la actividad sindical. En realidad, las dos grandes centrales no se han dedicado a otra cosa últimamente: a fines ajenos a su actividad sindical. ¿Alguien ha visto a UGT y CC OO hacer algo mientras se destruía empleo (a razón de 2.800 puestos diarios durante los últimos tres años)? ¿Han movido un músculo por los 4,6 millones de españoles que están mano sobre mano, el 20% de la población activa? ¿Han salido a la calle al ver pisoteado el primero de los derechos del trabajador? Exhibir como argumento el folclórico picnic en tren del pasado diciembre suena a chiste.
UGT y CC OO han eludido sus responsabilidades ante la dramática situación de los parados de 2010 para irse por los cerros de Úbeda de 1936 y del guerracivilismo. La excursión no pasaría de una extravagancia más de quienes demuestran no haber metabolizado la Transición democrática, si no fuera por la labor de zapa que supone contra la independencia del poder judicial. Y, más grave aún, con dinero público (en este caso, abusando de los contribuyentes madrileños). Eso –usar medios públicos para fines privados– tiene un nombre: corrupción. Y además vulnera la ley de protección de datos.
Convertidos en acólitos gracias al generoso maná que reciben (el presupuesto del Ministerio de Trabajo para actuaciones sindicales supera los 15,8 millones de euros anuales); los sindicatos han devenido en los nuevos señoritos. Mientras los liberados sindicales (57.000, con un coste de 1.600 millones de euros anuales) disfrutan de empleo estable y además blindado, 4,5 millones de españoles están al borde de la desesperación y otro medio millón más ve su trabajo amenazado. ¿Quiénes son los verdaderos oprimidos?
Reciclados en auxiliares del Gobierno, actúan como correa de transmisión del zapaterismo, llevándose por delante lo poco que queda de la división de Montesquieu: “Exigimos al Tribunal Supremo que termine de manera inmediata la persecución injusta contra Garzón”, llegan a decir en los correos. UGT y CC OO devuelven así los favores de quien les mantiene. En el bombardeo mediático contra la democracia y sus instituciones, orquestado (no se olvide) por el Gobierno, les ha tocado el papel de agitadores sociales, reivindicando a Garzón como una víctima del franquismo, tratando de convertir las tres querellas contra el juez en una causa inquisitorial. Ésa es la maniobra. Nada que ver con la realidad: el juez está imputado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra las garantías de la intimidad. Es decir, por vulnerar la ley. Pero, visto lo visto en la cruzada pro-Garzón, ¿a quién le importa la ley?
Fuente: Diario La Gaceta
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