Retiran la sanción a la juez que criticó las bodas homosexuales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha retirado la multa de 305 euros que la Comisión Disciplinaria de este órgano impuso el año pasado a la juez de Denia (Alicante) que criticó en un escrito al Gobierno y a la Fiscalía en relación con las bodas de parejas homosexuales, Laura Alabau.

Así lo ha acordado en la última sesión plenaria el actual Consejo por nueve votos a favor, de la mayoría conservadora, y ocho en contra, de los vocales de la minoría progresista, quienes han anunciado la formulación de varios votos particulares.

Según ha informado el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, el pleno ha estimado el recurso que la juez de Denia interpuso contra dicha multa por una falta grave y deja sin efecto la referida sanción.

Alabau cuestionó la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales, se negó a celebrar estas bodas y rechazó la solicitud de varias parejas de homosexuales extranjeros para contraer matrimonio alegando que en su país de origen no estaba reconocido.

El pleno asume así el informe del ponente de este asunto, el vocal nombrado a propuesta del PP José Merino, quien proponía al pleno dejar sin efecto la sanción impuesta a Alabau al enmarcarse dicho escrito dentro del derecho a la libertad de expresión.

Alabau, magistrada titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia y responsable del Registro Civil en este municipio, fue sancionada el 30 de mayo de 2007 por la Comisión Disciplinaria por una falta grave del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Este artículo establece que es falta grave "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición".

En el escrito que la juez dirigió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que reprodujeron algunos medios, Alabau se quejaba de haber sufrido "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y atribuía a la Dirección General de Registros hacer -en relación con los matrimonios homosexuales- "una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos".

Además, en este documento indicaba que el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, se había convertido "vergonzosamente en un apéndice del Gobierno".

Actualidad Terra