Germán Reguillo dice que la "la justicia ha sido asaltada", por lo tanto el estado democrático puede estar en peligro

Charles Louis de Secondat, señor de la Bréde y barón de Montesquieu -más conocido por la baronía heredada de un tío suyo-, influido por el constitucionalismo inglés esbozó una teoría muy del sentido común en todas las democracias que se precien de tales: unos legisladores elaboran y aprueban las leyes que tienen que estar conformes con el ordenamiento constitucional; unos gobernantes las ejecutan y unos jueces interpretan y dictaminan si están bien ejecutadas. Este es el fundamento básico del llamado Estado de Derecho junto con el reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, la praxis diaria evidencia que el sistema adolece de graves defectos que pueden desvirtuar el ejercicio democrático de las instituciones y erosionar la llamada democracia avanzada.

Por ejemplo, los diputados son elegidos en listas cerradas cuya confección está reservada a los dirigentes de los partidos; de su ejercicio responde ante la disciplina del partido –digamos de sus jefes- y menos ante sus electores. En nuestro sistema político, por ejemplo, el presidente del gobierno elige a los candidatos a diputados; en la práctica, el presidente del Congreso de los Diputados es un mandado suyo y lo mismo puede decirse de otros cargos congresuales. En la votación sobre la ley del Aborto, ya veremos como la disciplina de partido se impone sobre la libertad de conciencia. En un sistema de listas abiertas, de responsabilidad personal ante sus electores, el resultado de la aprobación de una ley sería más justa con la realidad sociológica y moral predominante.

Decían los clásicos romanos con evidente realismo antropológico que el poder busca más poder, el dinero más dinero y el placer más placer. Dicho de otro modo, si no funciona bien el sistema de pesos y contrapesos esbozado por Montesquieu –la separación de poderes- bajo la apariencia de una democracia formal puede camuflarse una dura tiranía. Y aquí cobra especial relieve la limitación temporal de los mandatos de los gobernantes. Los Estados Unidos después de los cuatro mandatos del presidente Roosvelt, y a iniciativa suya, regularon la duración de la gobernanza presidencial en dos periodos de cuatro años cada uno. Y después a casa. A impartir conferencias. Como hace en la actualidad el presidente Aznar. Y esta limitación podría extenderse a otros mandatos políticos. De esta manera se evitaría la profesionalización y la vocación gerontocrática de algunos líderes.

Los jueces, profesionales, libres, independientes, inamovibles. Dada la experiencia –en mi modesta opinión-, incluso suprimiría la vía de acceso a la magistratura del llamado cuarto turno o bien su elección la reservaría, a juristas de acreditado prestigio, a tribunales compuestos por jueces profesionales. Pero alejaría a los partidos de tan preciada perita en dulce. Por la sencilla razón de que el interés partidario desvirtúa en muchos casos la lógica de la norma. Un ejemplo conocido: María Teresa Fernández de la Vega, profesionalmente es secretaria judicial; en el momento de su promoción a la magistratura no se le conocía una experiencia jurídica acreditada. No había escrito ningún tratado de ciencia jurídica, ni había sentado doctrina procesal ni impartido clases en ninguna Universidad. Su promoción –como la de tantos- fue el precio de la fidelidad a los servicios prestados al partido socialista.

Por los años setenta nació en Italia una corriente que defendía el uso alternativo del derecho. Frente al excesivo conservadurismo de los jueces –decían- hay que poner el freno de una interpretación más acorde con los avances sociales. Se olvidaban, de que la génesis de la ley radica en la voluntad popular y que esa voluntad popular no puede ser desviada por ninguna interpretación alternativa, sino que la misión del juez siempre consistirá en interpretar lo más aproximadamente posible lo que quiso decir el legislador.

El caso del bar Faisán, el espionaje de la conversación de un abogado con su cliente, la filtración de documentos judiciales amparados por el sacrosanto derecho del secreto sumarial, los procesos paralelos mediáticos sin posibilidades de defensa jurídica alguna para los afectados, las presiones tácitas o expresas sobre los miembros del Tribunal Constitucional en una sentencia de cuya importancia para el futuro de la nación española nadie niega, son ejemplos perversos de una asalto sin precedentes a la justicia española. Y si la justicia falla y los policías fallan, como decía Jhon Locke, falla todo el sistema democrático.

Fuente: gregaldigital.com