El PP dice que el "divorcio" del PSPV con el PSOE cuesta "muy caro" a Castellón

*Miguel Barrachina afirmó que "después de un año de legislatura de Rodríguez Zapatero, queda en evidencia el divorcio del PSOE nacional y el PSPV de Castellón".


Miguel Barrachina consideró que las posturas de los socialistas de Castellón y sus jefes en Madrid "no sólo son distintas, sino también distantes, como evidencian sus discrepancias en los temas más importantes para la provincia, como la construcción y rehabilitación de cuarteles de la Guardia Civil, la cárcel de Castellón II, las infraestructuras más importantes para la provincia, como el AVE y el Corredor Mediterráneo; o la devolución de los expedientes militares de Castellón".

Por este motivo, Barrachina destacó que la "desidia, la indolencia y la falta de carácter" del PSPV de Castellón ante los ministerios "para que atiendan sus compromisos electorales ha contribuido mucho al hundimiento de Castellón y a crear el mayor agujero económico del que tenemos conocimiento".

Con respecto a los cuarteles de la Guardia Civil para la provincia, el diputado segorbino indicó que el Ministerio del Interior y, en concreto, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, ha "engañado deliberadamente" a los ciudadanos de Castellón. La razón -según dijo- es que "el propio Rubalcaba prometió en octubre de 2008 que las obras de los cuarteles de Oropesa, Alcora, Onda, Almassora y Morella se iniciarían entre el 11 de enero y el 13 de abril de este año".

"Tras mantener conversaciones con los portavoces populares de estos 5 municipios, queda claro que el Ministerio del Interior no tiene previsto ni siquiera iniciar la licitación de estas obras", afirmó Barrachina, quien añadió que "eso sí, las obras del Cuartel de Morella, feudo socialista, sí que han comenzado, que es la excepción que confirma la regla, mientras que en España sí han comenzado en su mayoría".

El diputado popular recordó que "éste es el segundo engaño sobre cuarteles del PSOE, ya que en 2004 prometieron 7 actuaciones en cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de la Policía Nacional, de las que no realizaron ninguna", pese a estar incluidos en el Plan de Ejecución Inmediata".

Además, Barrachina remarcó que los incumplimientos "no sólo se refieren a los cuarteles que no han hecho, sino que se amplían a los que sí que han hecho -Segorbe y Vilafamés-, ya que ha tenido que ser la Diputación de Castellón quien financie hasta el 80 por ciento de las obras del cuartel de Segorbe, por ejemplo, mientras que la aportación del Ministerio del Interior, que es el que tiene las competencias exclusivas en esta materia, ha sido mínima".

Incumplimientos

El diputado segorbino consideró que "las actuaciones del Gobierno central en la provincia de Castellón o, mejor dicho, la ausencia de ellas, evidencian el abandono de Zapatero, que sólo se preocupa por las provincias ´amigas´ y deja de lado al resto de los españoles".

En este sentido, Barrachina se refirió al centro penitenciario Castellón I que, "pese a que el presidente socialista anunció a bombo y platillo la romántica frase de ´un preso, una celda´, actualmente cuenta con una tasa de hacinamiento récord en España, del 197 por ciento (840 presos en una cárcel con 428 celdas), un 45 por ciento más que con el gobierno del Partido Popular, mientras se mantiene el mismo número de funcionarios", una situación que calificó de "insoportable" para los trabajadores del centro.

"Incluso la Fiscalía General del Estado, cuando el número de presos era de 741, anunció que ´había sobresaturación del centro penitenciario de Castellón I´, lo que generaba riesgos enormes", dijo.

Además, Barrachina recordó que la situación es, "si cabe, más grave, ya que el centro Castellón II, que los socialistas garantizaron que no se haría y ahí está, no sólo no ha servido para su propósito inicial, que era el de aliviar el hacinamiento de Castellón I, sino que ya se encuentra con cifras de hacinamiento, ya que en las 1.008 celdas del centro conviven 1.150 presos y cada semana se trasladan 50 más".

"Y encima, no sólo ha aumentado el número de presos en ambas cárceles", apuntó el diputado popular, "sino que también ha aumentado la dificultad para los funcionarios por las diferentes nacionalidades de los presos que, además de intérpretes, hace necesario distintos tratamientos e, incluso, menús alimentarios", algo que tachó de "inaudito".

Por todo ello, Barrachina criticó el "elevado nivel de incumplimientos" del Gobierno Central, así como la "doblez" de su discurso, "que se ha intensificado en esta segunda legislatura".

En este punto, Miguel Barrachina se refirió al rechazo de la iniciativa del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados que pedía la devolución de los expedientes militares de Castellón que el Ejecutivo de Zapatero "se llevó con nocturnidad, alevosía y un aviso de 24 horas", indicó.

Fuente: Panorama Actual
Foto: diario las provincias

Barrachina califica de ´insoportable´ el hacinamiento en las prisiones de la provincia

El diputado nacional del PP Miguel Barrachina consideró ayer que "las actuaciones del Gobierno central en la provincia de Castelló o, mejor dicho, la ausencia de ellas, evidencian el abandono de Zapatero, que sólo se preocupa por las provincias 'amigas' y deja de lado al resto de los españoles".

En este sentido, Barrachina se refirió al centro penitenciario Castelló I que, "pese a que el presidente socialista anunció a bombo y platillo la romántica frase de un preso, una celda, actualmente cuenta con una tasa de hacinamiento récord en España, del 197 por ciento (840 presos en una cárcel con 428 celdas), un 45 por ciento más que con el gobierno del Partido Popular, mientras se mantiene el mismo número de funcionarios", una situación que calificó de "insoportable" para los trabajadores del centro.

"Incluso la Fiscalía General del Estado, cuando el número de presos era de 741, anunció que había sobresaturación del centro penitenciario de Castellón I, lo que generaba riesgos enormes", dijo.

Además, Barrachina recordó que la situación es, "si cabe, más grave, ya que el centro Castellón II, que los socialistas garantizaron que no se haría y ahí está, no sólo no ha servido para su propósito inicial, que era el de aliviar el hacinamiento de Castellón I, sino que ya se encuentra con cifras de hacinamiento, ya que en las 1.008 celdas del centro conviven 1.150 presos y cada semana se trasladan 50 más".

"Y encima, no sólo ha aumentado el número de presos en ambas cárceles", apuntó el diputado popular, "sino que también ha aumentado la dificultad para los funcionarios por las diferentes nacionalidades de los presos que, además de intérpretes, hace necesario distintos tratamientos e, incluso, menús alimentarios", algo que tachó de "inaudito".

Por todo ello, Barrachina criticó el "elevado nivel de incumplimientos" del Gobierno central, así como la "doblez" de su discurso, "que se ha intensificado en esta segunda legislatura".

En este punto, Miguel Barrachina se refirió al rechazo de la iniciativa del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, que pedía la devolución de los expedientes militares de Castelló que el Ejecutivo de Zapatero "se llevó con nocturnidad, alevosía y un aviso de 24 horas", indicó.

Barrachina afirmó que "después de un año de legislatura de Rodríguez Zapatero, queda en evidencia el divorcio del PSOE nacional y el PSPV de Castellón, que está costando muy caro a los ciudadanos de la provincia", según informaron en un comunicado fuentes del PP.

Miguel Barrachina consideró que las posturas de los socialistas de Castelló y sus jefes en Madrid "no sólo son distintas, sino también distantes, como evidencian sus discrepancias".

Fuente: Levante de Castellón

El PP de Castellón constituye la comisión de Justicia y Libertades Públicas

El Partido Popular de Castellón ha constituido hoy la comisión provincial de Justicia y Libertades Públicas, con la que pretende "saber lo que ocurre en la sociedad civil y lo que más preocupa a los ciudadanos" en estos ámbitos.

Esta comisión está formada por ocho grupos de trabajo compuestos por 27 profesionales de la justicia y trabajadores de este ámbito, según ha explicado hoy el coordinador de la comisión y senador del PP por Castellón, Manuel Altava, tras reunirse con el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, y el adjunto a la presidencia del PP provincial, Javier Moliner.

Altava se ha referido a cada uno de los 8 grupos de trabajo que se dedicarán a estudiar y analizar la modernización de la oficina judicial, la modificación de la ley hipotecaria, el derecho foral valenciano, la violencia social, la seguridad ciudadana, la demarcación judicial, el código penal y sus modificaciones y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

El senador ha afirmado que la comisión pretende ofrecer soluciones alternativas a los problemas del día a día de los trabajadores de la justicia y de los usuarios y además ofrecer ideas para mejorar la justicia en Castellón, como la modificación de la ley de demarcación de 1988.

Además la comisión se reunirá con colectivos de magistrados, abogados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conocer su problemas específicos, además de proponer medidas encaminadas a crear un sistema de asesoramiento jurídico para portavoces y alcaldes.

El conseller de Gobernación ha asegurado que esta comisión es "necesaria" ya que "las libertades públicas no son posibles si la justicia no funciona correctamente".

Castellano ha afirmado que la Comunitat Valenciana "está en los primeros puestos de criminalidad en el conjunto de España" y "estamos en el último puesto en la ratio de agentes por habitantes, sólo precedidos por Murcia".

Por ello ha reivindicado que la Comunitat "tenga un número de agentes igual al de la media nacional" y "se impulse una mejora de las infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por su parte, la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, ha hecho hincapié en los "cinco problemas fundamentales de la Justicia en la Comunitat Valenciana", que serán analizados por la comisión, como la "modernización de la justicia, la aplicación de las nuevas tecnologías" y la aplicación del nuevo modelo de la oficina judicial.

La consellera ha asegurado que está a la espera de reunirse con el nuevo ministro de Justicia para abordar la financiación de la Justicia en la Comunitat, y se ha referido también a la necesidad de abordar la demarcación y planta en Castellón.

En este sentido ha insistido en la necesidad de crear un partido judicial en Albocàsser, debido a la instalación en la población del Centro Penitenciario Castellón II.

Sánchez de León también ha reclamado la revisión del partido judicial de Vila-real, ya que "alguna población que actualmente pertenece al partido de Nules podría pasar a Vila-real, como Alquerías y Almassora".

Ha recordado también la necesidad de transferir las competencias a las comunidades autónomas en cuanto a la creación de nuevos juzgados y su puesta en funcionamiento.


Fuente: Diario ADN

Desarticulan una banda que desguazaba coches robados

• Detienen a tres personas en Segorbe tras meses investigando

La Guardia Civil y la Policía Local de Segorbe han desarticulado una banda que se dedicaba a robar vehículos en toda la Comarca del Palancia para luego venderlos por piezas o como chatarra tras desguazarlos. De momento han detenido a tres personas y se busca a otras dos que se escaparon el viernes tras la redada organizada por la Benemérita.

Las investigaciones comenzaron hace unos tres meses, cuando la Guardia Civil percibió un aumento de robos de vehículos en la zona y que en los controles de carretera no se localizado ninguno de ellos. Especialmente resultó sospechoso que no apareciese ninguna pista en la ruta hacia Sagunto, ya que es habitual tratar de sacar los vehículos robados a través de los puertos.

La pista que les llevó hacia la banda la obtuvieron al ser advertidos de los movimientos sospechosos en una nave que llevaba seis o siete años cerrada. Se trata de las instalaciones de la antigua empresa de fabricación de plásticos “Arkay”, en el Polígono Segobriga y, que ya está siendo vigilada por la Guardia Civil porque se veía movimiento de grúas con vehículos.

Precisamente, ese seguimiento les permitió confirmar sus sospechas de que podía suceder algo ilegal, ya que comprobaron como el nuevo propietario de la nave pretendía vender dos bañeras-remolque de unos camiones que al parecer habían sido robados la semana pasada en Soneja.
Uno de los tres detenidos es el presunto cabecilla de la banda, que tenía su domicilio oficial en Guadalajara y contaba con antecedentes penales.

Según los vecinos de la nave, se comenzó a ver movimiento hace aproximadamente un mes. Incluso el propietario actual, visitó nada más instalarse a algunos propietarios de naves industriales colindantes con la suya.

Asimismo, los vecinos aseguran que desde que se instalaron en la nave industrial nadie sospecho movimientos extraños. No obstante, “alguna que otra vez se ha visto algún camión cargado con uno o dos vehículos”, comenta uno de los vecinos del polígono. Aunque, el viernes alrededor de las seis o las siete de la tarde varios Guardias Civiles y Policía Local se personaron en la nave industrial. “Durante toda la mañana se oyó mucho movimiento, martillazos, sierras.

Presumiblemente tuviera relación con el robo de unos camiones-bañera en Soneja”, apuntan las mismas fuentes.

Y, es que los vehículos robados eran desguazados para vender sus piezas sueltas y, lo inservible, era vendido como chatarra.

Los detenidos fueron trasladados el mismo viernes a los calabozos de la Vall de Uxó, aunque ayer estuvieron casi todo el día disposición judicial. Hay que tener en cuenta que la operación continúa abierta y que, al cierre de esta edición, la Guardia Civil aún no había detenido a los dos fugados.

El precedente de una banda lituana

Cabe recordar que el 14 de junio de 2006 era desarticulada en la Comunidad Valenciana una banda lituana que robaba camiones. Posteriormente, en Segorbe se localizó una nave en el Polígono de la Esperanza, que era custodiada durante las 24 horas del día por integrantes de la red y visitada en horas nocturnas también por personas de la organización, lo que hizo sospechar a los investigadores de la actividad ilícita que se desarrollaba en su interior.

En los registros practicados en la nave de Segorbe y en el domicilio de Puerto de Sagunto, los agentes se incautaron de cuatro camiones -dos maquillados y dos en proceso de falsificación-, 5.000 euros, útiles para el troquelado y manipulación de bastidores de los camiones, herramientas con las que cambiaban de apariencia los vehículos robados, diversos documentos falsificados y documentación de otros camiones sustraídos.
Fuente: El Mundo

Trinidad Jiménez precariza la atención a la Dependencia

Trinidad Jiménez acaba de ser nombrada ministra de Sanidad y Política Social con la encomienda presidencial de que haga funcionar la ley de la dependencia, fracasará. Me gustaría que no fuera así pero es irremediable.

Su primera decisión agrava errores anteriores, ahora va a primar a las autonomías a aquellas autonomías que, como la de Andalucía, más han precarizado la atención a mayores y discapacitados, con denuncias incluidas de sindicatos y empresarios.
Las regiones que han optado por crear un nuevo PER, una nueva red clientelar, con pequeñas cantidades para llegar con “cuidados informales” y “atención no profesional” a un gran número de personas, se llevan la mayoría de los recursos que debieran ser por igual para todos los españoles.

Así se prostituye letra y espíritu de la ley, y en lugar de valorarse los servicios residenciales y de todo tipo que se han de prestar a quienes lo necesitan prevalecerá el número de atendidos, que serán a partir de ahora muchos pero en sus casas y son bajísima aportación, nada de profesionalidad ni de costosas residencias.
Con los actuales mimbres presupuestarios no hay posibilidad alguna de éxito, no será culpa suya, tampoco lo fue de la destituida Mercedes Cabrera, pero el actual sistema de la dependencia, en caso de existir y cuando se cumplen dos años desde su aprobación parlamentaria, es inviable.

En poco más de un año tres ministros, Caldera, Cabrera y Jiménez y con encaje en tres ministerios distintos, junto a Trabajo, después en Educación y ahora finalmente con Sanidad, da igual, ni son los gestores, ni es la compañía, es el propio esquema de la ley de dependencia lo que falla y va a seguir fallando.

Caldera y Cabrera fueron cesados sin recolocación, todos los partidos, todas las autonomías, sindicatos, empresarios y los propios representantes de las personas con discapacidad, muestran su disconformidad con la aplicación de una norma que todos aprobamos.

Hace dos años las afirmaciones de que la puesta en marcha de La ley de la Dependencia era un auténtico dislate realizadas por el Partido Popular sonaban tan extrañas, como extravagante resulta hoy encontrar a alguien que hable bien de ella.
No era necesario que la Organización de Consumidores y Usuarios denunciara retrasos de hasta quince meses en la tramitación de las ayudas, ni que el Comité Español de Representantes de las personas con Minusvalías llevaran al gobierno de Zapatero a los tribunales, pero son útiles para conocer que todos los pronósticos que hicimos hace dos años, desgraciadamente se han cumplido.

Para que exista realmente un sistema nacional de la dependencia son necesarias al menos tres cosas.

Primero, decir la verdad, los anuncios exagerados, el exhibicionismo político de Caldera y Zapatero sobre un “nuevo derecho de ciudadanía”, que nos hacía pasar de la nada de Aznar al todo socialista fue creído por los mismos que hoy frustrados exigen explicaciones.

La ley fue simplemente un pasito, un intento de ordenar diecisiete sistemas preexistentes, sin ningún servicio nuevo, una leve mejoría nada del cuarto pilar del estado del bienestar, ni frases grandilocuentes que generaron tanta expectación entonces como desazón hoy, hubo en su aprobación mucha política y poca técnica, excesivos mensajes y nula profesionalidad.

Segundo aportar los recursos que lleven a que el gobierno de España aporte el 50% de los recursos públicos, como en su día se afirmó y no el 20%, como ocurre en la actualidad. Sólo con los 400 euros que Zapatero hace que nos deduzcamos de la renta se multiplicaría por más de cuatro el presupuesto anual para la dependencia.

Finalmente dotar de un contenido mínimo común, como recoge por cierto el plan de doce medidas de reformas estructurales propuesto por Rajoy, a todos los servicios y prestaciones del sistema. El ejecutivo prescindió de los decretos de obligado cumplimiento para dictar simples recomendaciones, con lo que ni los servicios, ni las calidades, ni tampoco el coste para el usuario son las mismas en las 17 autonomías.

M. Barrachina

Europa asombrada: “La crisis económica en España causa miedo”

El ritmo con que España está destruyendo empleo está llamando la atención en el resto de Europa, la prensa italiana, se hacía eco de la remodelación de gobierno y titulaba (Il Foglio) “La crisis económica en España causa miedo”. “La gente que no ha perdido el trabajo mantiene las costumbres de siempre. Pero el problema de España es precisamente el gran número de ciudadanos que han perdido su trabajo. El desempleo ha sido tradicionalmente, en la historia de la España democrática, una de las mayores emergencias permanentes”.

Y es que con unas cifras ya cercanas al 16 % de paro y unas previsiones en las que los expertos prevén que superemos la barrera del 20 % a final de año, la crisis económica en España, a diferencia del resto de Europa, va camino de convertirse en un autentico desastre social. La evolución del desempleo no es similar en todos los Estados miembros de la UE, ya que la crisis está siendo capeada de diferente manera en unos países a otros y sus económicas están resistiendo en unos casos mejor que en otros. En el caso español, a despecho de toda la propaganda que nos vendieron sobre nuestra fortaleza, la realidad es que nuestra economía aguanta peor que el resto de economías de la eurozona. Es más aún, algunos se pueden jactar de haber registrado descensos en la tasa de paro. Así, en los últimos doce meses, disminuyó en siete países de la UE, permaneció estable en uno y subió en diecinueve. Las caídas más importantes se registraron en Bulgaria (de 6,2% a 5,5%), y Eslovaquia (de 10,2% a 9,8%). Mientras que las subidas más significativas se ubicaron en Lituania (de 4,4% a 13,7%), Letonia (de 6,1% a 14,4%) y España, que tiene el vergonzoso merito de encabezar el ranking de paro de Europa con una tasa del 15,5 %.

En esta tesitura también ha llamado poderosamente la atención que el estallido burbuja inmobiliaria no haya provocado un notable descenso del precio de la vivienda en España. El Financial Times recoge que el precio de la vivienda ha bajado el triple en Reino Unido (9%) que en España (3,2%), o en Noruega (-7,5%), Portugal (-6,3%) y Holanda (-5,2%), de manera que mientras el desempleo crece al doble de ritmo que en el resto de Europa, la vivienda baja de precio sólo a la mitad de ritmo. Son por tanto evidentes los graves desequilibrios que padece nuestra economía y la necesidad de reformas que no parecen llegar nunca. La prensa internacional afirma que “las críticas a Zapatero y al ministro Solbes afectan sobre todo a las iniciativas no adoptadas. Muchos piden un gran pacto de Estado, capaz de poner en marcha reformas estructurales, y una guía más firme y visible de la situación económica” (Il Foglio).

Por ello, en vez de cacarear tanto sobre políticas sociales, Zapatero debería de una vez hacer algo, porque hoy la única política social válida es aquella que corte esta sangría de pérdidas de empleos que sufrimos, que es lo que de verdad asusta, lo demás, son cuentos.

Fuente: Minuto Digital

El Congreso rechaza la devolución de los Expedientes Militares de Castellón

*El PSOE rechazó la propuesta popular de restitución de los 13.000 expedientes
*Barrachina considera el rechazo a la PNL para que el Ministerio de Defensa devuelva los documentos militares de Castellón a la provincia como una “desautorización” al PSPV de Castellón.
*Destaca la “doble vara de medir” de la ministra Chacón, que convenia con Cataluña y *Andalucía la digitalización de los documentos y se lleva los de Castellón.


El diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Castellón Miguel Barrachina ha lamentado que el grupo socialista en el Congreso de los Diputados “haya rechazado lo que sus propios compañeros de partido han apoyado tanto en Diputación como en el Ayuntamiento de Castellón: la devolución de los archivos militares de Castellón a su lugar original en la provincia”.

Miguel Barrachina ha realizado estas declaraciones tras la votación en contra de la Proposición No de Ley (PNL) que ha defendido él mismo en el Congreso de los Diputados, en la que se proponía tanto la restitución de los más de 13.000 expedientes de los archivos militares de Castellón como la realización de duplicados fidedignos para su uso por parte del Ministerio de Defensa. El rechazo se ha producido tras una ajustada votación, en la que hubo 19 votos negativos (18 de PSOE y 1 del Grupo Mixto), 17 a favor (16 del Partido Popular y 1 del PNV) y 2 abstenciones, de Izquierda Unida y CiU.

Barrachina, autor de laPNL, ha considerado el hecho de que el grupo parlamentario socialista haya decidido rechazar esta Proposición como “una clara desautorización a sus compañeros de partido tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación de Castellón, ya que ha recordado que ambas solicitudes institucionales fueron aprobadas por unanimidad”.

Además, el parlamentario segorbino ha criticado la “doble vara de medir” de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, quien ha conveniado con las autoridades autonómicas de Cataluña y Andalucía la digitalización de los documentos militares de sus archivos y no va a sacar documento alguno de su lugar original; mientras que en la provincia de Castellón, ni las autoridades autonómicas, ni las provinciales, ni las locales, han tenido oportunidad alguna de acordar nada.

“Es más, se han enterado por los medios de comunicación de la desaparición de estos documentos que, dese su elaboración hace ahora 80 años, han estado en la provincia”, ha apuntado Barrachina.

El diputado popular se ha referido, asimismo, a la “precipitación” y la “urgencia” con la que se produjeron los hechos, que “parece no responder a ningún Plan de Traslado que garantice la integridad archivística y documental”, ya que la comunidad científica y universitaria que realizaba investigaciones fue informada el lunes día 12 de enero de la inminente desaparición del archivo, durante el día 13 se embaló la documentación y en la mañana del día 14 se produjo el traslado a Madrid.

Para Miguel Barrachina esta iniciativa, “que imposibilita la continuidad de las actuales investigaciones”, se entiende menos tras la aprobación de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, conocida como de la Memoria Histórica que tiene entre sus objetivos, artículo 20.2.c, “fomentar la investigación histórica sobre la Guerra Civil y el franquismo…”.

Fuente: elperiodic.com